Taiwán endurece las normas para viajar a China en medio de una creciente inquietud

La nueva normativa pretende reforzar la seguridad nacional supervisando las visitas de funcionarios y legisladores

El gobierno taiwanés está a punto de implementar regulaciones más estrictas con respecto a los viajes a China, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y mitigar los riesgos de infiltración. Según un funcionario familiarizado con la seguridad nacional, las medidas propuestas requerirán la aprobación previa de los legisladores y funcionarios electos antes de que puedan viajar al continente.

Esta medida se alinea con el anuncio de marzo del presidente William Lai (賴清德) de 17 iniciativas diseñadas para contrarrestar los crecientes intentos de infiltración de China. Estas medidas incluyen un compromiso con una mayor transparencia con respecto a los viajes de los funcionarios públicos a China, haciéndolos responsables de sus actividades.

El gobierno está considerando enmendar la Ley que Rige las Relaciones entre las Personas del Área de Taiwán y el Área Continental (臺灣地區與大陸地區人民關係條例). Esto obligaría a todos los funcionarios públicos a adherirse a regulaciones estrictas antes de viajar a China.

Esta directiva abarca una amplia gama de funcionarios públicos, incluido el personal militar, los empleados del gobierno, los funcionarios electos, los legisladores y los jefes de distrito. El funcionario destacó que aquellos que ocupan cargos públicos son particularmente susceptibles a la infiltración china, lo que requiere prácticas de viaje más abiertas y transparentes.

“El Yuan Legislativo es una laguna de seguridad nacional”, afirmó el funcionario, enfatizando que los legisladores tienen acceso a información nacional confidencial pero actualmente carecen de un requisito de aprobación previa para los viajes a China.

Además, el Yuan Legislativo no revela actualmente cuáles de sus miembros tienen acceso a información clasificada, una práctica que contrasta con los protocolos de otras agencias gubernamentales. La revisión propuesta establecerá un marco legalmente definido, con algunos funcionarios que requerirán revisión y aprobación conjunta para sus viajes, mientras que otros estarán obligados a declarar públicamente sus itinerarios de viaje.

Si bien los funcionarios públicos de base pueden no requerir permiso formal, es probable que enfrenten la divulgación pública obligatoria de sus planes de viaje. Esta medida tiene en cuenta la vulnerabilidad potencial de incluso los funcionarios de nivel inferior a la infiltración, independientemente de su acceso a información clasificada.

Los funcionarios con acceso a información clasificada estarán sujetos a las regulaciones más rigurosas. Se introducirá un conjunto completo de medidas de apoyo tras la revisión de la ley.