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Taipéi, 27 de marzo – El Yuan Ejecutivo ha aprobado un plan para establecer una agencia independiente dedicada a fortalecer la protección de datos personales en Taiwán.

El proyecto de ley propuesto, que requiere aprobación legislativa, proporcionará el marco legal para la Comisión de Protección de Datos Personales. Esta iniciativa marca un paso significativo hacia la garantía de una mayor privacidad y seguridad para todos los ciudadanos.

Según la propuesta, cada agencia gubernamental deberá designar un "oficial de protección de datos personales". Estos oficiales serán responsables de coordinar y supervisar los esfuerzos para reforzar las medidas de protección de datos y aumentar la conciencia sobre su importancia.

Lin Yu-chia (林裕嘉), jefe de la oficina preparatoria de la agencia planificada, anunció que la comisión estará integrada por entre cinco y siete comisionados, cada uno con mandatos renovables de cuatro años. Estos comisionados operarán de forma independiente.

Inicialmente, la comisión se centrará en gestionar las violaciones de datos personales dentro de las agencias gubernamentales y las empresas privadas que "no tienen una autoridad competente específica", según Lin. Esto incluye servicios de información basados en plataformas y proveedores de crédito.

Los comisionados tendrán la autoridad para determinar la responsabilidad y las sanciones en estos casos, garantizando la rendición de cuentas por las violaciones de datos. El plan es que todas las empresas estén bajo la jurisdicción de la comisión dentro de los seis años de funcionamiento.

Además de hacer cumplir las leyes de protección de datos personales, la agencia será responsable de formular políticas, desarrollar y promover aplicaciones tecnológicas relevantes, y fomentar el talento dentro del campo.

La propuesta del Gabinete aborda las deficiencias actuales, como la ausencia de un mecanismo de supervisión unificado y una agencia designada que supervise tanto el sector público como el privado, según Lin. El establecimiento de dicha agencia fue ordenado por el Tribunal Constitucional.

El fallo de 2022 del Tribunal Constitucional estipuló un período de gracia de tres años para que el poder ejecutivo estableciera una agencia de supervisión independiente para mejorar la protección de datos personales y la privacidad. La agencia debe estar operativa antes del 12 de agosto de este año.